Proponen limitar por ley el descuento por planilla para que el sobreendeudamiento no devore los haberes públicos tucumanos

La asfixia financiera que golpea diariamente a miles de familias tucumanas, empujadas a recurrir a préstamos no para invertir sino para afrontar gastos cotidianos y sostener necesidades básicas, colocó bajo análisis el rol activo que debe jugar el Estado como garante de los ingresos de sus propios trabajadores. Ante este escenario de endeudamiento defensivo, se propone una herramienta de resguardo que funciona como un escudo protector del sueldo público: el Estado provincial, en su carácter de empleador y administrador de la nómina, dejaría de actuar como un cobrador automático de entidades financieras si estas aplican tasas desproporcionadas. El mecanismo consiste en condicionar administrativamente el uso del sistema de descuento directo, estableciendo límites estrictos al porcentaje de salario que se puede retener mensualmente y fijando un tope al costo de los créditos, asegurando así que los empleados estatales dispongan de un ingreso real para vivir.

El proyecto de ley, elaborado por el legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse (foto inferior) y acompañado por la firma de Carlos Gallia (presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara), introduce el denominado "Régimen de Protección del Salario Frente al Sobreendeudamiento de los Agentes Públicos Provinciales". La iniciativa fundamenta la intervención del Estado en que “el crédito constituye una herramienta fundamental para las familias. El problema comienza cuando el crédito deja de funcionar como una herramienta y se transforma en una deuda cuyo costo absorbe progresivamente el salario del trabajador”.

El proyecto apunta a equilibrar las asimetrías del mercado financiero cuando se utiliza la propia estructura administrativa del Estado para asegurar el cobro. En sus fundamentos, los autores sostienen una regla económica y política de gran impacto: “A menor riesgo de cobranza debe corresponder un menor costo del crédito”. Bajo esta premisa, se interpela directamente la inacción estatal frente a las tasas abusivas vigentes, al señalar que “el Estado no puede garantizar una herramienta privilegiada de cobranza y permanecer indiferente frente al precio que se cobra por utilizarla”.

En este sentido, la fundamentación crítica enfatiza: “La Provincia no cuestiona la rentabilidad legítima de quien presta dinero. Lo que no resulta razonable es que el Estado proporcione una herramienta privilegiada de cobranza sobre un salario de naturaleza alimentaria y permanezca indiferente frente al costo financiero que se cobra por utilizar esa ventaja. Menos aún puede hacerlo cuando esa cobranza se produce antes de que el trabajador pueda disponer libremente de su salario”.

Para corregir esta distorsión, el artículo 1° define que la norma tiene por objeto “proteger el carácter alimentario del salario, prevenir situaciones de sobreendeudamiento y garantizar condiciones razonables, transparentes y comprensibles en las operaciones de crédito, préstamo o financiación cuya cobranza se efectúe mediante descuento directo sobre los haberes de agentes públicos de la Provincia de Tucumán”.

La regla económica contra la usura y la brecha del mercado

La regla principal para admitir que una entidad financiera utilice el código de descuento provincial se basa en un tope objetivo. El artículo 5° fija que el “Costo Financiero Total expresado como Tasa Efectiva Anual (CFT-TEA) correspondiente a la operación no podrá superar la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Nivel General, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), incrementada en diez (10) puntos porcentuales”.

Para ilustrar la necesidad de este límite, el proyecto analiza de forma crítica la brecha existente entre lo que le cuesta el dinero a los bancos y lo que cobran a los usuarios. Mientras que la inflación interanual a julio de 2026 fue del 33,8% y la TAMAR (referencia del costo mayorista de captación de fondos) se ubicó en torno al 24% anual, las líneas destinadas a empleados que acreditan sueldos muestran costos desorbitantes.

El documento expone que, con la fórmula propuesta, el límite actual de CFT-TEA permitido para el descuento directo sería del 43,8%. Este porcentaje contrasta severamente con la oferta vigente en plaza: por ejemplo, la línea de "Préstamos Personales Plan Sueldo" de Banco Macro (agente financiero de la Provincia) publica tasas del “116,66% para plazos de 1 a 12 meses” y que llegan hasta el “165,29% para plazos de 49 a 60 meses”, con ejemplos donde el CFT-TEA con IVA alcanza el “150,86%”.

Para mantener el control técnico, se utilizará la TAMAR del Banco Central como parámetro de referencia. El texto de la ley especifica que “la TAMAR es una tasa promedio ponderada correspondiente a depósitos mayoristas a plazo fijo en pesos y será utilizada como indicador técnico de seguimiento de las condiciones generales del mercado financiero”.

Además de controlar el precio de la deuda, el proyecto limita de forma estricta la porción de los haberes que puede ser retenida. El artículo 7° establece que “la totalidad de las cuotas, débitos y pagos correspondientes a operaciones comprendidas en la presente ley no podrá superar el treinta por ciento (30%) del haber neto del agente, una vez practicadas las retenciones obligatorias establecidas por ley”. Asimismo, se detalla que la reglamentación “procurará que los haberes disponibles luego de las deducciones no resulten inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente”.

Para evitar maniobras evasivas por parte de las entidades acreedoras, el artículo 10° determina una prohibición categórica: “Ningún gasto, comisión, seguro, cuota social, cargo administrativo, servicio accesorio o concepto de cualquier naturaleza podrá utilizarse para superar directa o indirectamente el límite establecido por esta ley”.

El alcance de la norma también protege las operaciones realizadas mediante débitos automáticos sobre la cuenta sueldo, incluyendo los saldos financiados de tarjetas de crédito asociados a convenios de pago de haberes, excluyendo únicamente los consumos cancelados de forma íntegra al vencimiento.

Transparencia y resguardo constitucional

La propuesta apunta a “terminar con la letra chica” exigiendo la entrega obligatoria de una "Hoja de Información Financiera Simplificada". De igual manera, se establece que el tomador firme una declaración de conocimiento donde se visibilicen con claridad conceptos esenciales como el monto neto que recibe, el valor de la cuota, el Costo Financiero Total (CFT-TEA) y el porcentaje de su salario afectado. Asimismo, el artículo 11° recalca que “ningún descuento directo ni adhesión a un mecanismo de cobranza alcanzado por la presente ley podrá incorporar o mantenerse sin autorización expresa, previa e individualizada del titular”.

Por último, el proyecto se resguarda de posibles cuestionamientos sobre su constitucionalidad al aclarar que no pretende regular el sistema financiero nacional —competencia del Banco Central— ni anular contratos privados. El artículo 12° precisa que “el incumplimiento de los límites previstos en esta ley no producirá por sí mismo la nulidad, invalidez o inexigibilidad del contrato de crédito”. La consecuencia jurídica se limita estrictamente al ámbito administrativo provincial, determinando “la imposibilidad de utilizar el sistema provincial de liquidación de haberes o los beneficios y mecanismos derivados de convenios provinciales de acreditación de haberes como vía privilegiada de cobranza”.